Chiapas es México, y en Chiapas se concentran hoy muchas de las violencias que aquejan a todo el territorio mexicano. La guerra que se impuso a nuestro país desde Estados Unidos, y que Felipe Calderón se dio a la tarea de profundizar, hoy alcanza todo el territorio nacional. La frontera se ha corrido hasta el sureste, y con ella la guerra, una guerra que la administración actual no ha frenado: 1531 mil 941 homicidios dolosos, 422 mil 935 personas desaparecidas y no localizadas, 693 periodistas y 944 personas defensoras de tierra y territorio, pueblos indígenas y medio ambiente asesinadas en el continuado proceso de recolonización militarizado y delincuencial del actual sexenio.

Chiapas es México, y como en todo el país, Chiapas vive tiempos de extorsión, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros, asesinatos de personas defensoras del territorio, de periodistas, feminicidios…
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Por Polo Castellanos

Frente a los recientes ataques paramilitares contra las comunidades zapatistas en el sureste mexicano y los enfrentamientos contra los pueblos originarios que luchan por la vida en todo el país, resulta inconcebible que el mandatario mexicano pretenda minimizar y deslindar su responsabilidad, desde el ejercicio del poder que el país le confirió, respecto a la guerra que el Estado mexicano comenzó en 1994 hace ya casi 30 años contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sus bases de apoyo y las incontables comunidades que han construido sus autonomías en beneficio de la gente. Una guerra que la sociedad civil detuvo en 15 días y que desde entonces el Ejército Zapatista asumió como un mandato para construir desde la vía pacífica, otras formas de organización de la vida política, social, cultural de los pueblos originarios. Sin embargo, la guerra sigue y todos los gobiernos han sido cómplices, ya sea por omisión o por acción, y subordinados a los grandes patrones neoliberales del capitalismo salvaje.
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Apenas el pasado 8 de junio, organizaciones de México y del mundo nos movilizamos en 72 geografías distintas del planeta, para denunciar los ataques del grupo paramilitar ORCAO del 22 de mayo contra comunidades bases de apoyo zapatistas. En este ataque, que se prolongó durante cinco días, resultó herido de bala el compañero Jorge López Sántiz, quien presenta graves secuelas debido a que su intestino quedó muy afectado.

Las movilizaciones fueron la respuesta organizada de miles de personas que vemos con alarma cómo crece la violencia contra las comunidades zapatistas y contra los pueblos de Chiapas y de México. Nuestro llamado de alto a la guerra llegó a muchos oídos y corazones, pero no al Estado mexicano y su clase política.

Del 19 al 22 de junio, este grupo paramilitar continuó con el asedio a las bases de apoyo zapatistas. Con la anuencia o inacción de los tres niveles de gobierno, se ha buscado escalar la guerra atacando con armas de fuego de manera continua y coordinada en tres poblados zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, ubicados en el municipio de Ocosingo, Chiapas.
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A los pueblos del mundo, especialmente, a nuestros hermanos migrantes del sur global.
A los organismos promotores y defensores de los Derechos Humanos.

Como es sabido, este 27 de marzo, el mal gobierno neoliberal y neocolonial de México cometió un acto atroz en contra de hermanos migrantes de Centro y Sudamérica, a quienes mantenía encarcelados en condiciones infrahumanas en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación (SG), en Ciudad Juárez, Chihuahua, por el terrible delito de huir de la violencia y la pobreza extrema que el imperialismo ha implantado en sus países de origen, sea a través de imponer sus modelos de “desarrollo”, o bien mediante la imposición de sanciones ilegales y unilaterales cuando los gobiernos no se someten a la voluntad imperial. Ante las condiciones sufridas en su injusto encierro y dado que les negaron incluso proporcionarles agua, comenzaron una protesta. En ese contexto se inició un incendio y las autoridades procedieron no a sofocar el fuego, sino a dejar encerrados y abandonados a su suerte a nuestros hermanos, resultando la muerte de al menos cuarenta de ellos y decenas de heridos.

El titular de la SG supo de lo ocurrido, pero cobardemente guardó un silencio cómplice. El titular del Ejecutivo Federal procedió a minimizar lo ocurrido, lamentándolo hipócritamente para, acto seguido, incriminar a las propias víctimas, falseando además la información, al afirmar que el incendio ocurrió en un albergue temporal, cuando realmente tuvo lugar en instalaciones del INM.

Ante estos hechos.
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