A nuestros hermanos del CIG-CNI
A los adherentes a la Declaración por la Vida
A los pueblos del mundo

Denunciamos la política racista y autoritaria del gobierno de México,encabezado por Andrés Manuel López Obrador, así como de los gobiernos estatales y municipales, quienes desarrollan una auténtica campaña de colonización interna de los territorios de los pueblos originarios de México, promoviendo el despojo, el desplazamiento forzado, el encarcelamiento de opositores con delitos fabricados, la desaparición forzada y el asesinato, empleando para ello una estrategia de militarización que, no sobra decir, se ha impuesto en flagrante violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con la actuación concertada de las fuerzas federales, policías estatales y municipales, así como de paramilitares y narcotraficantes que actúan con absoluta impunidad y en contubernio con las anteriores.
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Señor SEBASTIAN PIÑERA ECHEÑIQUE

Presidente de la República de Chile

Presente

De nuestra mayor consideración.

Los abajo firmantes, vemos con preocupación la actuación fascista de su gobierno contra nuestros hermanos del pueblo mapuche, tenemos conocimiento que su gobierno adoptará un decreto que declara un “Estado de Emergencia en la Macrozona Sur” o el “Wallmapuche”, territorio que está protegido por los Parlamentos o Tratados que en la actualidad están reconocidos por el derecho internacional.

El “Estado de Emergencia” que pretende instaurar en la Macrozona Sur o Wallmapuche. Pareciera que tiene por objeto distraer la situación que afecta personalmente a usted, en los hechos relativos a Pandora Papers y donde la Fiscalía del Ministerio Público ha iniciado una investigación contra su relación inexcusable en dichos hechos.

Cabe agregar además que, su gobierno ha fracasado en todas sus formas, en la Macrozona Sur o Wallmapuche y en especial en su relación con el Pueblo Mapuche. También ha fracasado el “Comité Wallmapu” que usted preside y de la misma manera el “Plan Impulsa” entre otras iniciativas. Asimismo, el programa de gobierno que ofreció para la Araucanía, no tuvo ningún efecto, excepto una mayor confrontación.
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Al hermano pueblo y gobierno de Cuba
A nuestros hermanos de la Patria Grande
A los pueblos de los Estados Unidos y Francia

El régimen de los Estados Unidos de América, en un acto de total cinismo, ha acusado a Cuba de ser un estado promotor del terrorismo. El país que promueve golpes de estado, magnicidios, invasiones disfrazadas de intervenciones humanitarias, el que hace del narcotráfico y del tráfico de armas, dos de sus múltiples brazos para sojuzgar a nuestros pueblos, el que ha destruido patrimonio universal de la humanidad en aras de despojar a los pueblos de sus recursos naturales, el que apoya un genocidio a la vista de todos en Palestina en manos de su aliado Israel, el principal estado terrorista, ha lanzado una campaña de odio y la calumnia de acusar de terrorismo en contra del único país del sur global que no solo ha desarrollado una vacuna propia para enfrentar el problema de la pandemia, sino que son cinco candidatos vacunales, dos de los cuales ya cubrieron todas las etapas de su desarrollo, mostrando el mismo nivel de eficiencia que las mejores vacunas desarrolladas por la industria farmacéutica del llamado primer mundo.
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Ciudadanos y organizaciones sociales piden al Presidente de la República cancele el TLC con Israel.

Este día, 8 de julio, 71 ciudadanas y ciudadanos y 27 organizaciones sociales, entre ellas la asociación cívica Mexicanos Unidos, presentaron una urgente petición al C. Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, para que nuestro país dé por terminado el Tratado de Libre Comercio con Israel, así como todos los acuerdos de carácter económico, militar, sobre seguridad y demás ámbitos; debido a la ocupación y genocidio que sobre el territorio y la población de Palestina lleva a cabo el gobierno sionista de Israel, desde hace 73 años.

Desde 1947, que la Organización de Naciones Unidas aprobó la Resolución 181, partiendo el territorio de Palestina en dos Estados y dotando a Israel de 54 % de ese territorio, que incluyó las mejores tierras y la zona industrial. En 1948, unilateralmente, el ejército de Israel inició el ataque militar contra la población palestina, mismo que constituye una campaña de limpieza étnica, que hasta la fecha continúa.

Las acciones que realiza cotidianamente el régimen israelí contra la población nativa palestina, están tipificadas como genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, en el Estatuto de Roma.

El estado de Israel, violando el derecho internacional, desacata las resoluciones que en diversas ocasiones han emitido la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU, así como de la Corte Penal Internacional. Además el régimen impuesto en Palestina por el gobierno sionista, ha sido calificado como Apartheid, por Desmond Tutu y Nelson Mandela y organizaciones de derechos humanos como Human Right Watchers.

Los ciudadanos y organizaciones peticionarios esperan una pronta respuesta y la acción del gobierno de la República en apego al derecho internacional y humanitario, congruente con la digna posición que nuestro país ya adoptó recientemente ante la Asamblea General de la ONU.

Por Mexicanos Unidos.

Porfirio Martínez González

La petición entregada puede consultarse acá.

Ciudad de México, 20 de Junio de 2021
C. LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

México está viviendo una época histórica de transformación, buscando dejar atrás el neoliberalismo, con toda la carga ideológica que supone y que significa anteponer los intereses del mercado a los Derechos Humanos y el respeto a la legalidad, y que tanto daño causó a nuestro país. Es por eso que, como líder de este proceso nacional, llamamos su atención sobre lo siguiente.

​ Hechos

El 29 de Noviembre de 1947, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas emitió la resolución 181, en virtud de la cual se partió el territorio de Palestina para crear el estado de Israel en aproximadamente el 54% de ese territorio, en tanto que el 46% restante, en tres regiones discontinuas, para que los palestinos crearan su propio estado; en la votación de esa resolución, dignamente, México se abstuvo.

Ante esa imposición, pues no fueron consultados, los palestinos se resistieron, lo que derivó en una creciente ola de ataques terroristas contra su población, que culminó con una declaratoria de independencia de la población judía que había sido refugiada en las décadas previas y que anunciaba el nacimiento de Israel, el 14 de mayo de 1948. Al día siguiente, el ejército con el cual ya contaba Israel inició una guerra contra la inerme población palestina, capítulo de la historia que los palestinos conocen como Al Nakba, la catástrofe, que ocasionó la expulsión de más de setecientos cincuenta mil personas de sus aldeas y poblados, la destrucción de más de quinientas de ellas, y el asesinato de decenas de miles de personas, incluyendo ancianos, mujeres y niños, con gran saña y empleando todo tipo de armas, incluyendo lanzallamas. Al final de esa guerra que culminó en 1949, Israel se anexó no el 54% del territorio palestino que contemplaba la resolución 181, sino el 78%.

El 5 de junio de 1967 dio inicio la llamada Guerra de los Seis Días, en la cual Israel ocupó la totalidad de Palestina, así como los Altos del Golán sirios, extensiones al sur del Líbano y la Península del Sinaí, de Egipto. Tras un acuerdo alcanzado con Egipto, le devolvieron el Sinaí, pero los territorios ocupados libaneses, sirios y palestinos, continúan con ese estatus, salvo una parte recuperada por los libaneses.

Ante estos hechos, cuya enumeración resultaría muy extensa, la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Seguridad del mismo organismo, así como la Corte Penal Internacional, han emitido una larga lista de resoluciones, mismas que Israel se ha negado a respetar, destacando: la propia resolución 181, pues se han omitido los derechos de ciudadanía e igualdad jurídica, así como el carácter especial conferido a la ciudad de Jerusalem y se ha imposibilitado por todos los medios la conformación del estado palestino, contenida también en esa resolución; la resolución 194, en la que se destaca la afirmativa del derecho al retorno de los refugiados por la invasión de 1948; así como otras donde se hace un constante llamado al respeto de los derechos humanos y las leyes internacionales, evitando, por ejemplo, la construcción de asentamientos en los territorios ocupados; la resolución 242 del Consejo de Seguridad, que exige la retirada de las fuerzas armadas israelíes de los territorios ocupados, entre muchas más. Además de tomar territorio por medio de la guerra (contra un pueblo sin ejército), Israel ha implantado un sistema injusto que ya ha sido categóricamente señalado como Apartheid por Desmond Tutu y Nelson Mandela, en su momento, además de otras organizaciones como Human Right Watchers. Esto significa que el régimen impuesto en Israel contempla diferentes cuerpos de leyes para distintos grupos de personas, y no mencionamos ciudadanos, pues a la población palestina no se les reconoce ciudadanía. Este hecho nos llevó a enterar al Gobierno de la Ciudad de México de la improcedencia de la participación de una empresa en el proceso de licitación que realizaron para la adquisición de servicios e insumos para el mantenimiento de la línea 1 del STC Metro, y que fue debidamente atendida por el gobierno local, derivando en el retiro de tal empresa del mencionado proceso, toda vez que, de no hacerlo, el gobierno de la Ciudad de México y sus funcionarios caerían en los supuestos contemplados en la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, del cual México es firmante, que significa, en pocas palabras, haber sido señalados por complicidad en la comisión de tal crimen, y por lo tanto, sujetos de persecución judicial en las cortes internacionales. Saludamos la justa decisión del gobierno a cargo de la Dra. Claudia Sheinbaum, quien instruyó oportunamente a los encargados de llevar adelante el proceso de adquisición para corregir la anomalía.

En las semanas recientes, Israel ha incrementado sus acciones de limpieza étnica en Jerusalem Este, capital de Palestina de conformidad con la resolución 181, ordenando el desplazamiento forzado de habitantes de los tradicionales barrios jerusalemitas de Sheikh Jarrah y Silwan, lo que derivó en manifestaciones de repudio. Estas manifestaciones fueron violentamente reprimidas, teniendo su clímax en el ataque de las fuerzas armadas sionistas a la mezquita de Al Aqsa. Estas acciones provocaron la reacción de la resistencia palestina en la franja de Gaza, que, en solidaridad con sus hermanos en Cisjordania, disparó unos misiles hacia posiciones israelíes, lo que a su vez sirvió de pretexto al régimen del hoy ex primer ministro Benjamín Netanyahu para emprender una nueva campaña de exterminio sobre esa sitiada extensión geográfica, la cual ha sido convertida en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, un auténtico campo de concentración. Esa campaña incluyó la destrucción del edificio que albergaba las instalaciones de importantes medios de comunicación, como AP y Al Jazeera, hospitales, incluyendo el único hospital Covid en la franja, el laboratorio de pruebas anti-covid, escuelas, mezquitas, librerías, y un sinnúmero de edificios de vivienda; todos objetivos civiles. La solidaridad internacional se manifestó masivamente en todo el mundo, incluyendo la muy digna y valiente manifestación de repudio a esas políticas genocidas israelíes por parte de grupos, desgraciadamente minoritarios, de ciudadanos judíos israelíes, pero también algunas marchas muy concurridas, en las cuales las comunidades judías de ciudades como Boston y Nueva York dejaron claro que tales políticas criminales no representan los valores del pueblo judío. Ante tal respuesta internacional, que también incluyó manifestaciones de repudio oficiales de la mayor parte de gobiernos del mundo, entre los cuales se encuentra el nuestro, el régimen israelí decidió pactar un alto al fuego. Sin embargo, ese alto al fuego es absolutamente insuficiente, pues solo cesó el bombardeo a la franja de Gaza, en tanto que se incrementó la represión contra los palestinos en la Palestina ocupada, y también en el propio Israel, donde han sido detenidos más de dos mil miembros de la comunidad palestina, a quienes despectivamente llaman “árabes”, como parte de una política negacionista. Sigue el hostigamiento en la explanada de las mezquitas en Jerusalem, el acoso en Sheikh Jarrah y Al Siwan, los ataques armados de “colonos judíos” en Cisjordania, que efectúan verdaderas acciones terroristas y se comportan a todas luces como bandas paramilitares, bajo la mirada cómplice de las fuerzas armadas israelíes que las “protegen” de las posibles respuestas con piedras de la población que sufre sus ataques, la práctica de disparar a los palestinos para provocarles mutilaciones o discapacidades, como a una puberta a quien dispararon por la espalda a la columna para dejarla parapléjica; los múltiples casos en que disparan con balas expansivas a las rodillas de hombres, niños o mujeres palestinos para causarles mutilación; el disparo de munición a los ojos para provocar la pérdida del globo ocular, o al cuello para provocar discapacidad motriz, como el caso citado de la niña, aunque ese fue por la espalda; o las prácticas que han empleado antes, de disparar al vientre de las mujeres embarazadas para matarlas a ellas y al producto. Así mismo, durante la campaña de bombardeos a Gaza se volvieron a utilizar sustancias prohibidas, como el fósforo blanco. Desde luego, continúan las amenazas y órdenes de desalojo en los ya citados barrios de Jerusalem y la demolición de viviendas y fábricas palestinas.

​ Consideraciones

Desde el año 2000, México mantiene un tratado de libre comercio con Israel, el cual incluye la contratación de servicios de asesoría y capacitación en materia de seguridad, así como la compra de software de aquel país para “vigilancia” y de armamento y equipamiento diverso. Este tratado conlleva una violación a la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid, que México firmó y ratificó, y que contempla en su Artículo III:
Se consideraran criminalmente responsables en el plano internacional cualquiera que sea el móvil, los particulares, los miembros de las organizaciones e instituciones y los representantes del Estado, tanto si residen en el territorio del Estado en que se perpetran los actos como en cualquier otro Estado, que

• a) Cometan los actos enumerados en el artículo II de la presente Convención, o que participen en su comisión, la inciten directamente o se confabulen para ella;
• b) Alienten o estimulen directamente la comisión del crimen de apartheid o cooperen directamente en ella.

Los métodos de control social, eufemísticamente llamados de “seguridad” que Israel vende como asesoría, así como el software, armamento y otro equipamientos que forman parte de su comercio exterior, son promovidos como “probados en el terreno”, lo cual significa que han sido empleados para la represión del pueblo palestinos con fines de limpieza étnica y preservación del sistema de Apartheid, por lo que su adquisición equivale a estimular la continuidad de esas prácticas. Gran parte de los productos de exportación israelí son elaborados en territorios ocupados y utilizando mano de obra sujeta a una explotación racializada, por lo que su compra también es violatoria de la citada Convención.

Orgullosamente, nuestro país también adoptó la Carta de Argel, que se encuentra en perfecta sintonía con los principios y la tradicional práctica de las relaciones exteriores de México. Todos los derechos de los pueblos garantizados en ese instrumento son violentados por el régimen de ocupación al cual ha sido sometido el pueblo palestino. Pero en esa misma carta se establece:
Artículo 30. El restablecimiento de los derechos fundamentales de un pueblo, cuando son gravemente ignorados, es un deber que se impone a todos los miembros de la comunidad internacional.

Si nos apegamos a lo dispuesto en el Estatuto de Roma, firmado por nuestro país, encontramos las definiciones de los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, de acuerdo con los artículos de dicho Estatuto. A partir de tales definiciones, afirmamos que el régimen israelí debe ser sometido a juicio en las cortes internacionales por la comisión de los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, con el agravante, estos últimos, de que son cometidos en contra de una población civil carente de ejército.

Cabe resaltar que no es posible hablar de una guerra entre Israel y Palestina, puesto que mientras al primero se le ha permitido convertirse en una potencia nuclear a la que no se obliga, como a otros países, a ser sujeta de escrutinio de las respectivas comisiones internacionales, a los palestinos no se les permite armarse, resultando que apenas cuentan con una mínima resistencia pobremente armada mediante la adquisición clandestina de armamento que no es de ninguna manera comparable con el de Israel, y no cuenta con ningún tipo de vehículo militar. A pesar de ello, Israel comete casi todos los crímenes de guerra contemplados en el Estatuto de Roma, pero contra una población civil, lo cual, como ya citamos, es un agravante.

De manera similar, las continuas acciones de limpieza étnica y apartheid observada en Israel en contra del pueblo palestino viola los Convenios de Ginebra, en particular, el Cuarto Convenio de Ginebra que contempla la situación de la población civil en conflictos armados, reiterando que no se trata de un enfrentamiento entre dos ejércitos.

No omitimos recordar que el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, implícitamente reconoce el derecho de rebelión con las siguientes palabras: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión (…)”.

En consecuencia nos dirigimos a usted para llamar la atención sobre la oportunidad que tiene México, bajo su conducción, de salvar las omisiones que hasta ahora ha cometido nuestra Nación, siendo una de las pocas en el continente que penosamente no reconoce al Estado Palestino y además contribuye a la consolidación del sistema de Apartheid y la comisión de los delitos, que de manera abreviada citamos en las líneas anteriores, mediante acciones que permiten normalizar la imagen del estado agresor, como si se tratara de uno respetuoso del estado de derecho, pero además beneficiándolo con una relación comercial que afecta directamente al pueblo palestino, pues contribuye a la continuidad de la opresión que condenamos. Cabe citar que en el pasado reciente, el estado opresor sudafricano, el cual impuso un sistema similar en contra de la población nativa, fue aislado de la comunidad internacional (con excepción de Israel y Estados Unidos, que siguieron fortaleciendo ese sistema) en lo político, militar, económico, cultural y deportivo, hasta que ese aislamiento y la creciente participación popular, sumado a la derrota del régimen sudafricano en la guerra que culminó con la independencia de Angola y Namibia, hicieron caer el régimen separatista y la liberación de Nelson Mandela quien sería el encargado de conducir una nueva etapa en la historia de aquel país.

​ Demandamos

En consecuencia de los hechos descritos y las consideraciones en materia de los instrumentos jurídicos internacionales, demandamos
1. La rescisión del Tratado de Libre Comercio con Israel, toda vez que constituye una violación a la ya citada Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y convierte a nuestro país en cómplice de ese crimen de lesa humanidad.
2. La cancelación de todo acuerdo de cooperación en materia militar y de seguridad, en los tres niveles de gobierno, toda vez que las armas, los equipos y las técnicas que proporciona Israel por medio de tales acuerdos han sido utilizados para la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, en los términos que lo señala el Estatuto de Roma, del cual también México es firmante.
3. La expulsión de los agentes de corporaciones de espionaje israelí, que cuentan incluso con oficinas propias, toda vez que su involucramiento en crímenes de guerra en diversos países del mundo ha sido repetidamente señalado y que son asociados a la formación de grupos contrainsurgentes en nuestro país durante los gobiernos de la etapa neoliberal.
4. El reconocimiento de Palestina como estado independiente, con sus fronteras existentes al 4 de junio de 1967, como han demandado los propios palestinos.
5. Un pronunciamiento contundente exigiendo el fin de la agresión militar israelí en la franja de Gaza, asumida como primera medida del nuevo gobierno de Naftali Bennet y la represión mediante paramilitares y fuerzas armadas en Cisjordania y en el territorio israelí, que están alcanzando extremos brutales, como el linchamiento y el ataque a los domicilios con bombas Molotov y que ha desplegado consignas brutales de tipo fascista, llamando al asesinato de los palestinos.
6. Exigir el fin inmediato del genocida bloqueo a la franja de Gaza.

Saludamos la digna postura de México en el seno de la ONU, al demandar el juicio a Israel por la comisión de crímenes de guerra y nos congratulamos por ello.

Ciudadano Presidente, atentamente le pedimos que, congruente con la actuación que ha tenido ante la ONU, y conforme a la política de relaciones internacionales establecida en la fracción X del artículo 89 Constitucional, inicie el procedimiento respectivo, para dar por terminado el Tratado de Libre Comercio celebrado con Israel y cualquier otro acto de comercio con el régimen sionista que oprime, reprime y asesina al pueblo de Palestina.

Firman:
Asociación cívica Mexicanos Unidos.

Lic. Porfirio Martínez González
Lic. Enriqueta Chávez López
M. Carolina Verduzco
C. Armando Soto Baeza
C. Francisco Pérez Rangel
C. Juan Raúl Ramírez
Dr. Jose Enrique Gonzalez Ruiz
C. Ignacio Ocaña Guzmán
C. Isaac Arauz León
Lic. Lauro Jonathan Sol Orea
Profr. Rafael R. Alfaro Velasco
C. Edgar Hernández

Suscriben
Dra. Alicia Castellanos
Dr. Gilberto López y Rivas
C. Márgara Millán
Dr. José Steinsleger
C. Cecilia Zeledón
Dr. Javier Hernández Alpízar
Dra. Silvana Rabinovich
Dr. Pablo Moctezuma Barragán
Dra. Wilda Western
Dr. Eduardo Correa Senior
M. Alejandra Gómez Colorado
Dr. Nayar López Castellanos
C. Bernardo Pérez Balderas
Biol. Claudia Rivera Garza
C. Mario Saucedo Pérez
Lic. Elizabeth Galina
C. Rosa María Cabrera Lotfe
C. Cristina García Aguirre
Profr. Heriberto Margariño López
C. Alicia Quiroga
C. Adriana Durán
C. Alma Alvarado
Dra. Margarita Rosado
Lic. Carlos A. Martínez Montoya
Profr. Salvador Vila Campos
Dra. Andrea Fernández Ortega
MVZ. Jesús Alberto Martín Castillo
C. Sara Morales Gallego
C. Guadalupe López Alvarez
C. Rosa Odavia Ángeles Cornejo
C. Anton Castro Rivera
C. Geraldine Kuehne Linares
C. Fernando Enciso Saracho
Lic. Héctor Manuel Díaz García
C. Rafael Araya
C. Gerardo Martínez González
C. Angélica Hernandez
C. Marco Eduardo Murueta
C. Imuris Valle
C. Pascual de Jesús González
C. Luz María Aguilar
Ing. Verónica Quintero
Dra. Fadia Cervantes
C. Gustavo Lara
C. María Luisa Ventura
C. Cristina Steffen
C. Karina Velasco
C. Ramon Zagal
C. Laura Nava
C. Ma Del Socorro Cataño Herrera
C. Rita Guidarelli
C. Shekoufeh Mohammadi Shirmahaleh
Dra. Danivir Kent Gutiérrez
C. Jorge Rodríguez Martínez
C. Carlos Ángel Ballesteros Aviña
C. Laura Andrea Sánchez Morales
Lic. Olivia Mora
C. Georgina Romero
C. Zelime Estrada
C. Marco Vinicio Saldaña Valero
C. Jaime Tamayo
C. Antonio Mendoza A.
C. Juan Carlos López Peña
C. Juana Leticia Rivera Ramírez
C. Celina Soriano Flores
C. Alfredo Ibarra Camacho
Lic. Adrián Ramírez López
C. Jimena Germán Blanco

La Sexta con Palestina.
Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan.
Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba.
Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela.
Comité de Solidaridad con Venezuela Xalapa Veracruz.
Maderas del Pueblo del Sureste, AC.
Universidad de la Tierra en Puebla.
Unión Autónoma de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal.
Plantón por los 43.
Unión de Pochtecas de México A.C.
Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos.
Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, Capitulo Puebla.
Instituto cultural José Martí, Puebla.
Partido Comunes (Mexico).
Salud y Conciencia.
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México.
Colectivo de Telefonistas Zapatistas.
Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino.
Colectivo Insurrección Visual.
Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología.
Consejo Nacional del Pueblo Mexicano.
Movimiento de Unificación de la Lucha Triqui
Trueque de ley por derecho
Brújula Metropolitana
Red Mujeres Violeta A C
Educein, S.C.
Centro Para la Prevención de la Violencia y el Abuso A. C.

Carolina Verduzco*

Falleció el general Gallardo, referente obligado en el tema de los derechos humanos en el Ejército, sin que se le haya hecho justicia. Los altos mandos lo mantuvieron en prisión durante ocho años y tres meses sin lograr doblegarlo, debido a que en 1993 propuso la creación de un ombudsman para las fuerzas armadas,

En su lucha judicial en el ámbito nacional e internacional por su propia liberación obtuvo victorias contundentes en todas las resoluciones, pese a lo cual los jefes de las fuerzas armadas no acataron las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ni las recomendaciones de los organismos de derechos humanos, como la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la de Amnistía Internacional.
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16 de febrero de 2021
A los pueblos del mundo

Este martes, dieciséis de febrero, el régimen franquista de la monarquía española ha consumado la injusticia, ha secuestrado al compañero comunista Pablo Hásel, poeta y rapero quien, a través de sus letras, denuncia el carácter criminal del régimen nazi español. Tras haber emitido una orden de presentación en su contra, el compañero se aisló en la Universidad de Lleida, acompañado por cientos de solidarios, consciente de que las fuerzas represoras irían por él tras el vencimiento del plazo para su entrega voluntaria. Con esto, ya son más de ciento cincuenta artistas presos por manifestar sus opiniones políticas.
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Las organizaciones firmantes condenamos enérgicamente la brutal represión ejercida por el Estado Chileno contra nuestros hermanos del pueblo mapuche.

El día 7 de enero del 2021 se dictaría la sentencia contra los autores materiales e intelectuales del crimen atroz contra Camilo Catrillanca, líder mapuche, quien era defensor del Wallmapu y de la libre determinación mapuche, ejecutado extrajudicialmente por el Comando Jungla el 14 de noviembre del 2018 en una incursión en el territorio mapuche. Sin embargo, la resolución de la justicia chilena fue una burla para la familia Catrillanca y el Estado Chileno. Pretendiendo ocultar la sentencia, decidió encabezar el masivo allanamiento de las comunidades, principalmente de la comunidad de Ercilla.
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Como hombres, mujeres, niños, niñas, abuelos y abuelas de nuestras comunidades indígenas que somos; Na Savi, Me´pháá, Nahua, Ñamnkué, Mestizos y Afro mexicanos del estado de Guerrero, y que estamos organizados en el Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), en conjunto con nuestros pueblos hermanos del Frente Nacional Por la Liberación de los Pueblos (FNLP) y la Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.), no olvidamos que sufrimos una guerra en contra nuestros pueblos. Una guerra que inicio hace 527 años y que se continúa, gobiernos van, gobiernos vienen, son de un color, de dos colores o de tres colores, no importa; su patrón es el mismo.
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A las autoridades de los Caracoles, Municipios Autónomos Rebeldes y Comunidades Zapatistas
Al Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno
Al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet
A los pueblos en digna resistencia
A los medios de comunicación
Al pueblo de México

A diferencia de los dos anteriores, el presente gobierno llegó con la legitimidad que le proveyeron los votantes en el proceso electoral de 2018. Aquellos, conscientes de su rechazo popular, pretendieron legitimarse con el uso de la violencia, simulando un combate a la delincuencia organizada que en realidad fue, y es, una estrategia macabra de control social.

Sin embargo, el gobierno de López Obrador se ha empeñado en perder la legitimidad obtenida en las urnas, manteniendo un programa neoliberal, a pesar de haber decretado el fin de ese periodo. Ese programa se ha visto intensificado con la militarización plena de la vida nacional, dándole incluso un absolutamente ilegítimo estatus constitucional.
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