La Asociación Nacional de Abogados Democráticos, expresa su total apoyo a l@s trabajador@s del Poder Judicial de la Ciudad de México, ante su reclamo justificado de un salario digno. Entendemos que su protesta obedece a la sordera e intransigencia de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y a la descarada complicidad del sindicato charro y traidor a la base trabajadora.

Resulta absurdo pretender que los trabajadores acepten una revisión salarial firmada a sus espaldas, con la cual se les reduce en los hechos sus ingresos. En efecto, el incremento del 3.5% pactado en lo oscurito y de mala fe entre autoridades y charros, se traduce directamente en una perdida en los ingresos de todos los trabajadores pues existe una inflación del 7% anual, según los propios datos oficiales.

Lo que más indigna a los trabajadores resulta el que los Jueces, Magistrados y funcionarios de alto nivel, perciban altísimos ingresos y muchos privilegios, que como en el caso de los Ministros de la suprema corte de justicia, resultan insultantes para el personal y para la población en general.

Por estos motivos Exigimos al Presidente del Tribunal de Justicia de la CDMX. Atender de inmediato el justo reclamo de los trabajadores.

!EL BUEN JUEZ POR SU CASA EMPIEZA!

Quienes nos convocamos en la asociación cívica Mexicanos Unidos nos deslindamos públicamente del Plantón por los 43 y de cada uno de sus integrantes.

Hace unos pocos años, derivado de problemas internos en ese espacio, el plantón estuvo en riesgo de ser levantado, lo que motivó que solicitaran nuestro apoyo, intercediendo con los padres de los 43. Finalmente, expulsaron a un integrante que supuestamente no se integraba al grupo, pero que representaba a una organización que había prestado la carpa que operaba como la principal en el plantón. Se les prestó también como apoyo una carpa con dimensiones especiales que solicitaron directamente a la compañera Enriqueta Chávez aduciendo era de vital importancia para la sobrevivencia del plantón. Y dado que entre los propios padres y madres de los 43 existía la inquietud de levantar el plantón, por los constantes problemas surgidos al interior de él, se les sugirió cambiar el nombre a otro, que pudiera ser «plantón por los desaparecidos». Se hizo el acuerdo con Eduardo Ibáñez Urenda, en este sentido así como el de abrir el espacio para las organizaciones en general, cosa que también buscaban ellos para contar con más presencia y facilitar la vigilancia del espacio. Esto era para que tuvieran cierto nivel de autonomía y pudieran perpetuar el plantón, que existe desde el año 2014. También se les solicitó la firma de un comodato, a cuya elaboración se comprometió el mismo Eduardo. Fue hasta más tarde que nos enteramos que él no estaba autorizado por la asamblea del Plantón para establecer esos acuerdos. Casi de inmediato, tuvieron otros problemas, en los cuales también nos pidieron intervenir, pues no se atrevían a cuestionar a quien estaba haciendo un uso indebido de la instalación. Así lo hicimos, aunque cuando tuvieron que confrontar, en lugar de argumentar, nos responsabilizaron por la decisión.

Poco después de resolverles el problema de la carpa, nos enteramos de sus expresiones ofensivas hacia nuestra compañera Enriqueta, afirmando que solamente les interesaba el provecho que podía obtener de ella. Ante esa postura tan desleal y oportunista solo decidimos poner distancia, a pesar de los constantes comentarios que, por diversas fuentes, nos llegaban acerca de prácticas indebidas en ese lugar.

Hace unas semanas, una chica, participante en el plantón y pareja sentimental de otro de los integrantes, nos hizo llegar un audio en el cual denuncia haber sido víctima de acoso sexual, ante lo cual no recibió el apoyo de su pareja, ni de ninguno de sus otros compañeros del plantón. También refiere haber sido víctima de violencia de género por parte de su pareja, incluyendo violencia física. Esta denuncia marcó para nosotros una ruptura definitiva con ese espacio, por lo cual decidimos retirar la carpa, recurriendo a los buenos oficios (eso creímos) del Frayle Norberto León. Le solicitamos ubicar un lugar donde la carpa fuera necesaria y que resultara dignificada, así como apoyo con el transporte, acordando el retiro de la carpa el día de hoy, 15 de agosto a las 11:00. Lamentablemente, al estar iniciando el trabajo para desmontar la carpa, nos notificó que no nos daría el apoyo que hasta la víspera aseguró y dijo que tenía la propuesta de una organización defensora de los Derechos Humanos para comprar la carpa. Le respondí negativamente, pero al informarle a la compañera Enriqueta, y ante la decepción por el proceder de Fray León, dijo finalmente que sí, ante la oferta de que el pago lo realizarían hoy mismo, lo que no ha ocurrido al momento de escribir esto. Desconocemos si en verdad la organización hizo la propuesta o si él está usurpando el nombre.

Además de esperar que devuelvan o paguen la carpa, de lo que responsabilizamos a Fray Norberto León, es importante dejar en claro los siguientes puntos:

• No mantendremos ningún tipo de contacto o colaboración con el Plantón por los 43, ni sus integrantes.
• Refrendamos nuestros modestos apoyos a los Padres de los 43 y a los normalistas.
• Responsabilizamos a los integrantes del Plantón por los 43 por la seguridad física y psicológica de la compañera Gabriela Ramírez Hernández.
• Lamentamos que en un espacio que utiliza una de las causas más sentidas de nuestro pueblo se ejerzan el acoso y la violencia de género.
• Exigimos justicia para la compañera Gabi
• No aceptamos normalizar que este tipo de conductas violentas se normalicen al interior de organizaciones que, presuntamente, están comprometidas con la defensa de los Derechos Humanos y la búsqueda de justicia

Esta es la denuncia de la compañera Gabriela Ramírez

Este es el agradecimiento a la compañera Enriqueta por su apoyo.

El acoso sexual y la violencia de género constituyen delito, según lo previene la Constitución Política de la Ciudad de México.

Por Mexicanos Unidos, Armando Soto.

¡Vivos se los llevaron vivos los queremos!

Chiapas es México, y en Chiapas se concentran hoy muchas de las violencias que aquejan a todo el territorio mexicano. La guerra que se impuso a nuestro país desde Estados Unidos, y que Felipe Calderón se dio a la tarea de profundizar, hoy alcanza todo el territorio nacional. La frontera se ha corrido hasta el sureste, y con ella la guerra, una guerra que la administración actual no ha frenado: 1531 mil 941 homicidios dolosos, 422 mil 935 personas desaparecidas y no localizadas, 693 periodistas y 944 personas defensoras de tierra y territorio, pueblos indígenas y medio ambiente asesinadas en el continuado proceso de recolonización militarizado y delincuencial del actual sexenio.

Chiapas es México, y como en todo el país, Chiapas vive tiempos de extorsión, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros, asesinatos de personas defensoras del territorio, de periodistas, feminicidios…
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Por Polo Castellanos

Frente a los recientes ataques paramilitares contra las comunidades zapatistas en el sureste mexicano y los enfrentamientos contra los pueblos originarios que luchan por la vida en todo el país, resulta inconcebible que el mandatario mexicano pretenda minimizar y deslindar su responsabilidad, desde el ejercicio del poder que el país le confirió, respecto a la guerra que el Estado mexicano comenzó en 1994 hace ya casi 30 años contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sus bases de apoyo y las incontables comunidades que han construido sus autonomías en beneficio de la gente. Una guerra que la sociedad civil detuvo en 15 días y que desde entonces el Ejército Zapatista asumió como un mandato para construir desde la vía pacífica, otras formas de organización de la vida política, social, cultural de los pueblos originarios. Sin embargo, la guerra sigue y todos los gobiernos han sido cómplices, ya sea por omisión o por acción, y subordinados a los grandes patrones neoliberales del capitalismo salvaje.
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Apenas el pasado 8 de junio, organizaciones de México y del mundo nos movilizamos en 72 geografías distintas del planeta, para denunciar los ataques del grupo paramilitar ORCAO del 22 de mayo contra comunidades bases de apoyo zapatistas. En este ataque, que se prolongó durante cinco días, resultó herido de bala el compañero Jorge López Sántiz, quien presenta graves secuelas debido a que su intestino quedó muy afectado.

Las movilizaciones fueron la respuesta organizada de miles de personas que vemos con alarma cómo crece la violencia contra las comunidades zapatistas y contra los pueblos de Chiapas y de México. Nuestro llamado de alto a la guerra llegó a muchos oídos y corazones, pero no al Estado mexicano y su clase política.

Del 19 al 22 de junio, este grupo paramilitar continuó con el asedio a las bases de apoyo zapatistas. Con la anuencia o inacción de los tres niveles de gobierno, se ha buscado escalar la guerra atacando con armas de fuego de manera continua y coordinada en tres poblados zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, ubicados en el municipio de Ocosingo, Chiapas.
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