La Ley de Seguridad Interior es nula de pleno derecho.
No obstante los llamados del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de Washington para América Latina, Amnistía Internacional y muchas organizaciones nacionales e internacionales más. El 30 de noviembre, la mayoría de los diputados federales aprobaron la Ley de Seguridad Interior, otorgándole facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo y con ello a las fuerzas armadas: al ejército, la marina y la fuerza aérea, para realizar funciones de policía e intervenir en los conflictos sociales. Esto como producto de los compromisos asumidos por los últimos gobernantes de nuestro país al haber firmado la Iniciativa Mérida y al haber subordinado a las fuerzas armadas de México al Comando Norte de los Estados Unidos.
La aprobación de esa ley constituye un acto de flagrante violación a importantes principios Constitucionales; por lo que, aunque la hubiesen aprobado el ciento por ciento de los legisladores, resulta ser una ley nula de pleno derecho, tal como lo dispone el artículo 136 de nuestra Carta Magna.
La mencionada ley contraviene los principios establecidos en los artículos 1º, 21 párrafo décimo, 29, 39, 73 Fracción XIV, 89 Fracción VI y 129 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque autoriza la restricción de los derechos humanos; contraviene el principio del carácter civil que deben tener las instituciones de seguridad pública; violeta el procedimiento Constitucional para suspender el ejercicio de los derechos y las garantías individuales; contraviene el principio de la soberanía nacional que reside esencial y originariamente en el pueblo y, que todo poder público se instituye para beneficio del pueblo; y trasgrede el principio de la civilidad del Estado “…que, en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
La función de las fuerzas armadas no es la de perseguir y someter delincuentes; es la de defender la integridad territorial y la soberanía nacional en caso de amenaza o ataque de alguna fuerza o potencia extranjera; la finalidad de estas fuerzas militares, como las de todo el mundo, es aniquilar al enemigo, no disuadir a los delincuentes; esto lo saben hasta los cadetes o soldados de nuevo ingreso, al elegir ser militares y no policías.
Ha quedado plenamente demostrado que al gobierno no le interesa la seguridad pública y, como muestra, tenemos el constante incremento de la comisión de los delitos dolosos como el homicidio, la desaparición forzada, el secuestro, el desplazamiento forzado de poblaciones enteras, el robo y los asaltos en las carreteras, las calles y en los domicilios; los femenicidios, la trata de personas, el tráfico de órganos, el narcotráfico; la connivencia entre los policías, los militares y los delincuentes y en general el crimen organizado. A esa delincuencia no la combaten, porque sus actividades se han convertido en un gran negocio que proporciona enormes ganancias a quienes controlan las bandas o cárteles y a los más altos funcionarios que los protegen; ganancias que son lavadas en los centros especializados: los paraísos fiscales, el eslabón de oro del sistema financiero internacional. En más de tres años no han podido ni querido esclarecer los crímenes cometidos contra los 6 asesinados y los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapan; los casos de Tlatlaya; de Tanhuato; de Apatzingán, de Ostula ni de Nochixtlán, en los que intervinieron directamente diversas corporaciones policiales y miembros del ejército con uniforme de la policía federal.
Desde luego que con la ley que acaban de aprobar, el gobierno no pretende dar seguridad interna a la población, sino a los capitalistas nacionales y principalmente extranjeros a los que se les han entregado los minerales, los hidrocarburos y las tierras y aguas adyacentes, que le pertenecen al pueblo, a la nación y no al gobierno y sus legisladores y juzgadores cómplices. Pero para eso sí trabajan rápida y decididamente, para garantizar el incremento de las ganancias de los capitalistas; lo hacen como verdaderos súbditos del capital financiero internacional y como enemigos del pueblo mexicano.
Con la Ley de Seguridad Interior quieren garantizar que nuestros pueblos originarios, dueños legítimos de esos codiciados territorios, queden indefensos ante el despojo de que están siendo víctimas y que nadie se oponga a la privatización de los bienes de la Nación, patrimonio de los mexicanos de ayer, hoy y mañana, como lo dispone el artículo 27 de la Constitución. La aprobación y la promulgación de esta ley constituyen un verdadero golpe de Estado y la instauración del fascismo en México, por lo que ninguna mujer u hombre nacido en esta tierra puede permitir su aplicación.
Hacemos un llamado urgente a todas las organizaciones defensoras de derechos humanos, campesinas, sindicales y gremiales, profesionales, a nuestros hermanos mayores: los pueblos originarios, y a todos los mexicanos patriotas, estén donde estén, incluso a los que se están encuadrados en los cuerpos policiales y en las fuerzas armadas; para que unidos y organizados echemos abajo esta ley fascista y defendamos juntos la libertad, la soberanía nacional y el derecho del pueblo a una vida digna, basada en el cumplimiento de los principios que se plasmaron en la Constitución, gracias a la lucha heroica de nuestro pueblo, durante ya casi quinientos años de resistencia.
Si el gobierno y sus legisladores no rectifican esta inconstitucional acción, el pueblo los desconocerá y, unidos por esta causa, procederemos a organizar y fundar un nuevo sistema de gobierno, desde abajo, con base en lo que disponen los artículos 3º. Fracción II, inciso a), 25, 27, 31 Fracción III, 36 Fracción II, 39, 135 y 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Comisión Coordinadora Nacional de Mexicanos Unidos.
Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2017.