AL PUEBLO DE MÉXICO.
Ha quedado claro. Las iniciativas de reforma en materia petrolera, tienen la única finalidad de permitir a empresas e inversionistas extranjeros intervenir y obtener ganancias, en una actividad económica, cuyo dominio directo, inalienable e imprescriptible está reservado a la Nación, por su importancia estratégica e indisoluble vinculación con la seguridad y la soberanía nacional.
El artículo 27 Constitucional dispone que «… la Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público;…» así como regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidando su conservación y para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.- «Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso, se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. …».
La pretendida reforma petrolera también resulta contraria a lo dispuesto en la legislación internacional, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Resolución 1803 de la Asamblea General de la ONU, denominada «Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales».
No obstante, para tratar de justificar las iniciativas, el titular del Poder Ejecutivo Federal, presentó ante los legisladores el diagnóstico del desastre y la desolación. Lo hizo sin mencionar por qué dejaron de invertir en el cuidado y mantenimiento de la infraestructura petrolera del país. Tampoco se refirió al escaso apoyo a la investigación científica y tecnológica indispensable para esta industria, ni al desmantelamiento del Instituto Mexicano del Petróleo. Tampoco hizo referencia alguna a la corrupción, el despilfarro y la utilización de los ingresos petroleros para apoyar campañas electorales. La catástrofe fue presentada como si hubiese sido provocada por un siniestro natural y no por las acciones y las omisiones deliberadas de quienes han estado al frente del poder público durante los últimos 25 años.
En el debate legislativo, que trataron de evitar, quedó demostrado que PEMEX siempre ha sido rentable, sobre todo hoy que obtiene más de cien dólares de ganancia por cada barril de petróleo que extrae; que el gobierno utiliza más del 45% de esas ganancias para el gasto corriente, dejando de cobrar a los grandes empresarios e inversionistas las contribuciones que les corresponden conforme a sus verdadera capacidad económica, como dispone el artículo 31 de la Constitución.
También se demostró que la urgencia de explorar y explotar los yacimientos en aguas profundas es falsa, ya que los ubicados en tierra firme y en las aguas someras apenas se han explotado en un 30%.
La verdadera urgencia que tienen es cumplir con los compromisos que contrajeron Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox Quesada al firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), respectivamente. Por eso la prisa de convertir a PEMEX en una empresa manejada por un consejo de administración que no rinda cuentas a nadie y con facultades contrarias al mandato Constitucional; que otorgue contratos y ceda el control de la refinación, la transportación y la conducción de los hidrocarburos de la Nación a las empresas extranjeras que determine.
Ante los datos contundentes y las razones expuestas por los científicos y especialistas, el gobierno y sus aliados solamente oponen la propaganda.
Para convencer a la mayoría de la población, han llevado a cabo un bombardeo tan inmisericorde y permanente como en Irak, sólo que en lugar de aviones de guerra, aquí utilizan los medios electrónicos de comunicación masiva, principalmente al duopolio televisivo. Nos repiten las mentiras y promesas que han utilizado en su empeño privatizador, desde 1982.
Pero la realidad es terca y los desmiente.
Gracias a sus acciones, el capital financiero del país quedó en manos de un puñado de banqueros extranjeros, igual que el 30 % de la generación de la energía eléctrica. Telmex, las aerolíneas, los ferrocarriles, las empresas mineras y las siderúrgicas, los servicios de los puertos marítimos y aéreos, las carreteras, los almacenes de granos básicos y los Ingenios azucareros, las empresas refresqueras y de alimentos, entre las mil empresas y organismos entonces públicos, ahí están, desincorporados y generando enormes ganancias, pero ahora solamente para unos cuantos que las detentan; casualmente los aliados de los políticos que ocupan los cargos públicos.
Otros destacados logros son el desabasto y la dependencia alimentaria: hoy importamos casi el 40% de los alimentos que consumimos, incluido el maíz, el alimento que los mexicanos aportamos al mundo hace diez mil años; la pérdida del 80% del poder adquisitivo de los salarios, así como la falta de empleo formal y prestaciones legales para la mitad de la población económicamente activa; la imposibilidad económica que tienen un millón de niños para asistir a la escuela, y más de la mitad de la población total viviendo en condiciones de pobreza. Diez millones de mexicanos expulsados al vecino país del norte, por la urgente necesidad económica. Hoy ocupamos el primer lugar mundial como el país que más nacionales expulsa al año; en contraste con el último lugar en educación, entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); así como el penúltimo lugar en América, en calidad de vida, solamente arriba de Haití. Ni hablar de la corrupción, la impunidad y la consecuente inseguridad pública.
Pero no a todos les va mal. En la reciente lista de Forbes, aparecen los diez mexicanos que juntos concentran 96 mil 200 millones de dólares, es decir el 10% del Producto Interno Bruto.
Nuestro país, además de petróleo, tiene grandes costas, lagos, lagunas, esteros, ríos, selvas, bosques, minerales como oro, plata, cobre y otros; los combustibles nucleares, el espacio aéreo, el espectro radioeléctrico, la telecomunicación y la comunicación satelital, que le pertenecen exclusivamente a la Nación. Pero esa riqueza, junto con el trabajo de millones de mexicanos, ha sido acaparada por unos cuantos privilegiados extranjeros, nacidos dentro o fuera del país, pero extranjeros al fin, y lo han logrado gracias a la actuación inconstitucional de los gobernantes. Solamente así se puede depauperar tanto a los dueños de tanta riqueza.
No dejaremos que estos políticos, que le cuestan un dineral al pueblo, sigan saqueando, dilapidando y entregando a los extranjeros la riqueza de todos los mexicanos.
El artículo 39 Constitucional dispone «La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno». Organicemos comités en defensa de la soberanía Nacional en cada escuela, barrio, colonia, poblado y centro de trabajo; advirtiendo a los legisladores federales que si aprueban las anunciadas reformas, toda la parte que viole lo dispuesto en nuestra Carta Magna será nula de pleno derecho y, a los empresarios extranjeros, que perderán todo lo que inviertan mediante los contratos o concesiones inconstitucionales.
Si los subversivos aprueban su reforma, los ciudadanos estaremos obligados histórica, ética y constitucionalmente a defender los intereses y el futuro de nuestra patria. Desconoceremos a los gobernantes y legisladores que hayan actuado en contra de la Nación y su Constitución. Lucharemos con todos los medios legales a nuestro alcance, dentro y fuera del país, hasta restablecer la observancia de la ley suprema de la República.
Fraternalmente.
México, D. F, a 8 de septiembre de 2008.
MEXICANOS UNIDOS
Ciudadanos Arq. Verónica Moreno Ramírez, Lic. Eva Müller Monzón, Dr. Jorge Montemayor Aldrete, Dr. Hugo Velasco Bedrán, Dr. Raúl Jiménez Vázquez, Lic. Carmen Sanabria Miravete, Lic. Juan Miguel Villafuentes Peña, Lic. Lauro Jonathan Sol Orea, Ing. Juan Manuel Pomares Ortiz, Lic. Joaquina Sandoval Acevedo, Lic. Andrea Fernández Ortega, Ventura Gutiérrez Méndez, Dr. Héctor Peralta Hurtado, Lic. Abel Antonio Rodríguez Galindo, Lic. José Luis Alanís Macías, Marcial Alejandro, Mtra. Rocío Mejía Flores, Rogelio Naranjo, Gustavo Martínez Ordoñez, Lic. Porfirio Martínez González, Dra. Margarita Rosado Solís, Lic. Gracia Moheno Verduzco, Dr. José Alfonso Bouzas Ortiz, Dr. Néstor de Buen, M. C Oswaldo Harris Muñoz, Arq. Sergio López Machado, Lic. Ramón Guerra Arellano, Luis García Gascón, Ramiro Castello Delgadillo, Ing. Jaime Leal Torres, Mtro. José Antonio Ríos Rojo, Pablo Robles Flores, Alma Delia Fraile Barocio, Ing. Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, Paco Ignacio Taibo II, Paloma Saiz, Mtro. Carlos Mendoza Aupetit, Héctor Hernández Aldana, Dra. Diana Margarita Favela Gavia, Lic. Ignacio Zapata Narváez, Lic. Margarita Álvarez Sánchez, Lic. Antonio Pérez Sánchez, Mtro. Fernando J. Chávez Gutiérrez, Lic. Carlos de Buen, Rogelio Guerra, Mario Casillas, Lic. Lamberto González Ruiz, Lic. Marina Téllez Nava, Lic. Jaime Ramírez Cerda, Lic. Blanca González Ortega Vega, Gral. y Dr. José Francisco Gallardo Rodríguez, Lic. Francisco Zertuche Gontes y Lic. Feliciano Castro Melendrez.