PONGAMOS FIN A 500 AÑOS DE OPRESIÓN. ¡LA PATRIA NO AGUANTA MÁS!

Hoy el nivel de degradación social es más profundo que antes de la Revolución de 1910. El 84.4 % de la población vive en situación de pobreza (100 millones 800 mil personas), de éstos, 40 millones 800 mil padecen pobreza extrema, tal como lo ha reconocido el Banco Mundial; 4 millones 100 mil niños y adolescentes no asisten a la escuela, así lo ha informado la ONU; la deserción escolar alcanza a casi el treinta por ciento de los alumnos del nivel básico al superior. De 1982 a la fecha, el poder adquisitivo de los salarios ha disminuido un 80%; el número de quienes perciben el salario mínimo ha crecido dos millones en los últimos 4 años y el de quienes ganan más de cinco salarios mínimos ha disminuido notablemente; los últimos dos millones de empleos creados son precarios, con bajísimos salarios y sin prestaciones sociales. El INEGI ha informado que cada día mueren 20 personas por desnutrición, es decir siete mil trescientas al año; un verdadero genocidio económico.

Son “logros” de los gobernantes que, a partir de 1982, privatizaron más de mil 200 empresas públicas de telecomunicaciones, aéreas, ferroviarias, mineras, metalúrgicas, almacenadoras y procesadoras de alimentos; privatizaron los ejidos para despojar de la tierra a los campesinos y, a los que no quisieron venderla, los abandonaron y obligaron a competir con los agricultores estadounidenses, que reciben de su gobierno un subsidio anual de 956 mil millones de dólares; desmantelaron el sistema de cooperativas de producción y de servicios y entregaron los bancos a los extranjeros que hoy poseen más del 90 % del capital financiero del país.

Prometieron llevarnos al primer mundo, pero convirtieron a nuestro país en la tierra de la violencia, la inseguridad y la desesperanza. Las desapariciones forzadas, los desplazamientos forzados, las fosas clandestinas, la trata de personas, el tráfico de órganos y los feminicidios se volvieron la peor pesadilla para el pueblo. Las autoridades y sus cuerpos policiales se muestran incapaces y no pocas veces, cómplices del crimen organizado.

Para entregar las tierras, las minas, las playas y los energéticos a los extranjeros, han hecho cambios a la Constitución que contravienen los principios contenidos originalmente en la misma y se aprestan a entregar los sistemas educativo y de salud a los dueños del capital, al negocio vil. Pero esos cambios- que no reformas -son nulos de pleno derecho, tal como disponen los artículos 135 y 136 de nuestra Carta Magna, esa que redactaron los constituyentes pero que dictó nuestro pueblo en armas.

Los programas y acciones de estos gobernantes fueron diseñados y ordenados desde hace más de 30 años por los dueños del dinero, a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se han constituido en una auténtica dictadura mundial. Para cumplir con esos dictados, el gobierno, como verdadero súbdito del capital trasnacional, se dispone a someter a los mexicanos a sangre y fuego. Después del gasolinazo, han seguido los aumentos a los alimentos y demás artículos de primera necesidad.

A los gobernantes no les importa ser señalados por la OEA y la ONU por sus violaciones generalizadas y sistemáticas a los derechos humanos y por ser omisos en investigar y castigar a los verdaderos responsables de atrocidades como las de Aguas Blancas, El Charco, Acteal, El Bosque, Atenco, San Fernando, la Guardería ABC, Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Ostula y Nochixtlán; así como la represión brutal contra las autodefensas de Michoacán, el despojo descomunal contra la Tribu Yaqui, el hostigamiento constante contra la Nación Triqui, la represión y criminalización a los maestros de la CNTE. El objetivo es aterrorizar al pueblo para someterlo. Por eso pretenden legalizar la participación de las fuerzas armadas en tareas policiales, contraviniendo lo expresamente dispuesto por los artículos 21 y 129 de la ley suprema. También para eso las han subordinado al Comando Norte del ejército estadounidense.

Quienes nos gobiernan son extranjeros nacidos en México y están perpetrando el más grande despojo que haya sufrido nuestra Nación desde 1521 y los efectos de sus actos constituyen un crimen de lesa patria.

La situación que padece nuestra Patria nos impone la urgente tarea de unirnos para corregir el camino y recuperar lo nuestro. Caminemos al lado de nuestros hermanos mayores, los pueblos originarios que han resistido más de 500 años de injusticia, discriminación y despojo. No basta conocer la realidad, indignarnos e insultar a los que han subvertido el orden Constitucional; las cosas cambiarán si luchamos organizados, para hacer respetar la soberanía nacional e impedir que vuelvan a saquear nuestra riqueza a cambio de cuentas de vidrio o de papeles verdes.

El imperialismo estadounidense, hoy representado por Donald Trump, siempre ha pretendido apoderarse de nuestra riqueza; sus actos fascistas de hoy constituyen una amenaza externa similar a la invasión que cercenó nuestro territorio. Ante esto, debemos redoblar los esfuerzos para lograr la unión del pueblo mexicano, capaz de enfrentar al enemigo que hoy nos agrede desde dentro y desde fuera.

Como lo han registrado las encuestas de varios medios de comunicación, más del 80% de los mexicanos reprobamos la gestión del gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto.

Ha llegado la hora de alcanzar la libertad, la democracia y la justicia para todos los hijos de esta maravillosa tierra. Como lo señalamos en la Proclama que publicamos el 4 de junio de 2015, en un diario de circulación nacional, tenemos recursos naturales suficientes y la capacidad y el talento de millones de mujeres y hombres trabajadores en la ciudad y el campo para lograrlo.

Es inaplazable que, con base en lo dispuesto en los artículos 39, 84, 87 y 136 Constitucionales, el ciudadano Peña Nieto abandone el cargo que ostenta, para que sea nombrado un Presidente substituto, pero no de entre los mismos vividores del actual sistema electoral, sino una persona que cumpla la Constitución y que respete la actividad que llevará a cabo el pueblo para abolir este sistema opresor e inhumano y sustituirlo por otro apegado a nuestra cultura ancestral basada en la vida comunitaria, en el respeto a la naturaleza y el cuidado a la madre tierra; principios que están contenidos en los artículos 3º, Fracción II, inciso a); 25, 27, 28 y 39 de la Constitución, que recibimos como herencia irrenunciable.

Tenemos que liberarnos ya; porque ni México es un páramo, ni los mexicanos somos los parias del mundo.

Es la hora de la unidad de todos los patriotas que están en la escuela, en el campo, en la fábrica, en el taller, en la oficina pública o privada, en el trabajo informal, en las labores del hogar, en el arte, la cultura, el deporte, en los cuerpos policiales y en las fuerzas armadas.

Con respeto a todas las propuestas y acciones pacíficas que llevan a cabo los valientes pueblos del norte, del sur y del centro del país, avancemos en la organización horizontal coordinada, de todos los movimientos y organizaciones en lucha; para preparar un verdadero Paro Cívico Nacional y otras acciones igualmente importantes, para restablecer la vigencia de la Constitución y restaurar nuestra República. Sin pueblo organizado no hay democracia.

Si nos quedamos cruzados de brazos, no tendremos cara para mirar de frente a las nuevas generaciones.

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2017

Mexicanos Unidos

Asociación Nacional de Abogados Democráticos
Asociación Nacional de Abogados Democráticos

PONGAMOS FIN A 500 AÑOS DE OPRESIÓN. ¡LA PATRIA NO AGUANTA MÁS!

PONGAMOS FIN A 500 AÑOS DE OPRESIÓN.

¡LA PATRIA NO AGUANTA MÁS!
Hoy el nivel de degradación social es más profundo que antes de la Revolución de 1910. El 84.4 % de la población vive en situación de pobreza (100 millones 800 mil personas), de éstos, 40 millones 800 mil padecen pobreza extrema, tal como lo ha reconocido el Banco Mundial; 4 millones 100 mil niños y adolescentes no asisten a la escuela, así lo ha informado la ONU; la deserción escolar alcanza a casi el treinta por ciento de los alumnos del nivel básico al superior. De 1982 a la fecha, el poder adquisitivo de los salarios ha disminuido un 80%; el número de quienes perciben el salario mínimo ha crecido dos millones en los últimos 4 años y el de quienes ganan más de cinco salarios mínimos ha disminuido notablemente; los últimos dos millones de empleos creados son precarios, con bajísimos salarios y sin prestaciones sociales. El INEGI ha informado que cada día mueren 20 personas por desnutrición, es decir siete mil trescientas al año; un verdadero genocidio económico.
Son “logros” de los gobernantes que, a partir de 1982, privatizaron más de mil 200 empresas públicas de telecomunicaciones, aéreas, ferroviarias, mineras, metalúrgicas, almacenadoras y procesadoras de alimentos; privatizaron los ejidos para despojar de la tierra a los campesinos y, a los que no quisieron venderla, los abandonaron y obligaron a competir con los agricultores estadounidenses, que reciben de su gobierno un subsidio anual de 956 mil millones de dólares; desmantelaron el sistema de cooperativas de producción y de servicios y entregaron los bancos a los extranjeros que hoy poseen más del 90 % del capital financiero del país.
Prometieron llevarnos al primer mundo, pero convirtieron a nuestro país en la tierra de la violencia, la inseguridad y la desesperanza. Las desapariciones forzadas, los desplazamientos forzados, las fosas clandestinas, la trata de personas, el tráfico de órganos y los femenicidios se volvieron la peor pesadilla para el pueblo. Las autoridades y sus cuerpos policiales se muestran incapaces y no pocas veces, cómplices del crimen organizado.
Para entregar las tierras, las minas, las playas y los energéticos a los extranjeros, han hecho cambios a la Constitución que contravienen los principios contenidos originalmente en la misma y se aprestan a entregar los sistemas educativo y de salud a los dueños del capital, al negocio vil. Pero esos cambios- que no reformas -son nulos de pleno derecho, tal como disponen los artículos 135 y 136 de nuestra Carta Magna, esa que redactaron los constituyentes pero que dictó nuestro pueblo en armas.
Los programas y acciones de estos gobernantes fueron diseñados y ordenados desde hace más de 30 años por los dueños del dinero, a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se han constituido en una auténtica dictadura mundial. Para cumplir con esos dictados, el gobierno, como verdadero súbdito del capital trasnacional, se dispone a someter a los mexicanos a sangre y fuego. Después del gasolinazo, han seguido los aumentos a los alimentos y demás artículos de primera necesidad.
A los gobernantes no les importa ser señalados por la OEA y la ONU por sus violaciones generalizadas y sistemáticas a los derechos humanos y por ser omisos en investigar y castigar a los verdaderos responsables de atrocidades como las de Aguas Blancas, El Charco, Acteal, El Bosque, Atenco, San Fernando, la Guardería ABC, Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Ostula y Nochixtlán; así como la represión brutal contra las autodefensas de Michoacán, el despojo descomunal contra la Tribu Yaqui, el hostigamiento constante contra la Nación Triqui, la represión y criminalización a los maestros de la CNTE. El objetivo es aterrorizar al pueblo para someterlo. Por eso pretenden legalizar la participación de las fuerzas armadas en tareas policiales, contraviniendo lo expresamente dispuesto por los artículos 21 y 129 de la ley suprema. También para eso las han subordinado al Comando Norte del ejército estadounidense.
Quienes nos gobiernan son extranjeros nacidos en México y están perpetrando el más grande despojo que haya sufrido nuestra Nación desde 1521 y los efectos de sus actos constituyen un crimen de lesa patria.
La situación que padece nuestra Patria nos impone la urgente tarea de unirnos para corregir el camino y recuperar lo nuestro. Caminemos al lado de nuestros hermanos mayores, los pueblos indígenas que han resistido más de 500 años de injusticia, discriminación y despojo. No basta conocer la realidad, indignarnos e insultar a los que han subvertido el orden Constitucional; las cosas cambiarán si luchamos organizados, para hacer respetar la soberanía nacional e impedir que vuelvan a saquear nuestra riqueza a cambio de cuentas de vidrio o de papeles verdes.

El imperialismo estadounidense, hoy representado por Donald Trump, siempre ha pretendido apoderarse de nuestra riqueza; sus actos fascistas constituyen una amenaza externa similar a la invasión que cercenó nuestro territorio. Ante esto, debemos redoblar los esfuerzos para lograr la unión del pueblo mexicano, capaz de enfrentar al enemigo que hoy nos agrede desde dentro y desde fuera.

Como lo han registrado las encuestas de varios medios de comunicación, más del 80% de los mexicanos reprobamos la gestión del gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto.

Ha llegado la hora de alcanzar la libertad, la democracia y la justicia para todos los hijos de esta maravillosa tierra. Como lo señalamos en la Proclama que publicamos el 4 de junio de 2015, en un diario de circulación nacional, tenemos recursos naturales suficientes y la capacidad y el talento de millones de mujeres y hombres trabajadores en la ciudad y el campo para lograrlo.

Es inaplazable que, con base en lo dispuesto en los artículos 39, 84, 87 y 136 Constitucionales, el ciudadano Peña Nieto abandone el cargo que ostenta, para que sea nombrado un Presidente substituto, pero no de entre los mismos vividores del actual sistema electoral, sino una persona que cumpla la Constitución y que respete la actividad que llevará a cabo el pueblo para abolir este sistema opresor e inhumano y sustituirlo por otro apegado a nuestra cultura ancestral basada en la vida comunitaria, en el respeto a la naturaleza y el cuidado a la madre tierra; principios que están contenidos en los artículos 3º, Fracción II, inciso a); 25, 27, 28 y 39 de la Constitución, que recibimos como herencia irrenunciable.

Tenemos que liberarnos ya; porque ni México es un páramo, ni los mexicanos somos los parias del mundo.

Es la hora de la unidad de todos los patriotas que están en la escuela, en el campo, en la fábrica, en el taller, en la oficina pública o privada, en el trabajo informal, en las labores del hogar, en el arte, la cultura, el deporte, en los cuerpos policiales y en las fuerzas armadas.

Con respeto a todas las propuestas y acciones pacíficas que llevan a cabo los valientes pueblos del norte, del sur y del centro del país, avancemos en la organización horizontal coordinada, de todos los movimientos y organizaciones en lucha; para preparar un verdadero Paro Cívico Nacional y otras acciones igualmente importantes, para restablecer la vigencia de la Constitución y restaurar nuestra República. Sin pueblo organizado no hay democracia.
Si nos quedamos cruzados de brazos, no tendremos cara para mirar de frente a las nuevas generaciones.
Ciudad de México, a 5 de febrero de 2017
MEXICANOS UNIDOS ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DEMOCRÁTICOS.
www.mexicanosunidos.org.mx
Lic. Porfirio Martínez González, C. Rigoberto Vargas Espinoza, C. Ignacio Ocaña Guzmán, Dr. Enrique González Ruiz, General Francisco Gallardo, General Samuel Lara Villa, C. Gustavo Martínez Ordoñez, Lic. Lamberto González Ruiz, Lic. Lauro Jonathan Sol Orea, Lic. Armando Soto Baeza, Dr. Alfredo Rustrián, Dr. Javier Velázquez Moctezuma, C. Francisco Pérez Rangel, Lic. Gracia Moheno Verduzco, C. Rosa Martha Zárate Macías, C. Paloma Saiz Tejero, C. Marina Taibo Saiz, Lic. Mónica Sánchez Camuñas, Dra. Patricia Mancera Robles, Dr. Luis M. Nuñez García, Profr. Rafael Alfaro Velasco, Profr. Fermín Dominguez Lopez, Arq. Sergio H. López Machado, Arq. Silverio Quintero Gutiérrez, Lic. José Lavanderos, Dr. Inocencio V. Rodríguez Flores, Lic. Patricia Tello Aguilera

Para suscribir, enviar correo a mexicanosunidos@riseup.net

Acto conmemorativo de los cien años de la Constitución

Al cumplirse el centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que por primera vez incorporó los derechos sociales fruto de la lucha popular, es preciso restablecer su vigencia, toda vez que una casta política traidora a la Nación se ha encargado de traicionar sus preceptos y adulterarla en perjuicio de todos los mexicanos.
Como parte de las actividades encaminadas a construir un gran frente popular único de reconstrucción nacional (con el nombre que sea), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y la asociación cívica Mexicanos Unidos convocamos a los ciudadanos y organizaciones populares a conmemorar este primer centenario y continuar avanzando juntos en la necesaria coordinación horizontal de todos los movimientos.
La cita es este 5 de febrero de 2017 en el Hemiciclo a Juárez, Centro, DF a las 11:00