A los pueblos y gobiernos del mundo

Al pueblo mexicano

Al gobierno de México.

Los preceptos contenidos en la CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, medularmente disponen:

Artículo 1. Los propósitos de las Naciones Unidas son:

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantos de la paz;

Artículo 2. Para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios:

1. La Organización está basada en el principio de igualdad soberana de todos sus miembros.

4. Los miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.

Artículo 51. Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.

Al desacatar estas y otras importantes normas del Derecho Internacional el gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump, está actuando sin base legal alguna, obstruyendo la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, único organismo internacional facultado para cumplir con los propósitos de tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz.

Con sus actos bélicos y terroristas, violenta la soberanía del Estado Venezolano y usa medios como la amenaza y la fuerza letal contra la integridad territorial y la independencia política de la República Bolivariana de Venezuela. Además, al secuestrar al presidente legítimo de ese país hermano, ha incurrido en la comisión de un delito grave y violatorio del derecho internacional, pues carece de facultades legales para perpetrar esa acción que le corresponden solamente a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Países Bajos. Pero el imperio presentará al Presidente Maduro ante un Juez Federal en Nueva York, que desde luego carece de competencia para procesarlo.

Con los actos que ha llevado a cabo el gobierno de Estados Unidos, a quien se debe acusar y procesar es a quien ha robado barcos llenos de petróleo venezolano, a quien ha ejercido presión militar y ha atacado por aire, mar y tierra y ha impedido a un Estado soberano e independiente realizar actividades comerciales con el resto de países, conduciendo a su pueblo al desabasto en alimentos, medicamentos y otros artículos indispensables para vivir.

Los gobiernos de todos los países amantes de la paz, las relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y la cooperación y solidaridad humanitaria, deben lograr que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúna urgentemente y aborde esta grave situación a la que ha conducido la ambición y la codicia desmedida del gran hegemón, que pretende robar los recursos naturales y la tierra que le pertenece única y exclusivamente al pueblo venezolano, desde hace varios miles de años y no a la oligarquía de un Estado fundado con inmigrantes anglosajones que llegaron a este continente apenas hace trecientos años.

Apoyamos y nos solidarizamos con el pueblo de Venezuela y con los demás pueblos que sufren los abusos, las amenazas, los cercos comerciales, económicos y las agresiones bélicas abiertas y encubiertas. Ha llegado el tiempo de los pueblos, de su unión organizada, su solidaridad y su fortaleza.

El gobierno de nuestro país debe actuar cuanto antes, en este sentido, porque así lo disponen las normas del derecho internacional y la letra y el espíritu de la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hacerlo es aceptar que un Estado poderoso pase por encima del derecho internacional y de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos.

La disyuntiva es clara, o se cumple el derecho internacional o la humanidad se hunde en la barbarie.

Ciudad de México, 4 de diciembre de 2026.

Asociación Cívica MEXICANOS UNIDOS