Pronunciamiento ante la violencia contra los pueblos originarios en México

A nuestros hermanos del CIG-CNI
A los adherentes a la Declaración por la Vida
A los pueblos del mundo

Denunciamos la política racista y autoritaria del gobierno de México,encabezado por Andrés Manuel López Obrador, así como de los gobiernos estatales y municipales, quienes desarrollan una auténtica campaña de colonización interna de los territorios de los pueblos originarios de México, promoviendo el despojo, el desplazamiento forzado, el encarcelamiento de opositores con delitos fabricados, la desaparición forzada y el asesinato, empleando para ello una estrategia de militarización que, no sobra decir, se ha impuesto en flagrante violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con la actuación concertada de las fuerzas federales, policías estatales y municipales, así como de paramilitares y narcotraficantes que actúan con absoluta impunidad y en contubernio con las anteriores.

Tan solo en las últimas semanas, primeras de este año, se han intensificado los ataques paramilitares en el municipio de Aldama, Chiapas, así como en contra de diversas comunidades zapatistas, frente a la canalla actitud de sordera del titular del ejecutivo que califica tal violencia como “conflictos intercomunitarios”.

En Guerrero, las bandas del narcotráfico asolan a las comunidades, especialmente a las que han apostado por construir su autonomía, sin que la creciente presencia militar, con diferentes uniformes, haya significado una reducción en esas acciones, sino todo lo contrario.

En la ciudad de México, la represión en contra de las comunidades indígenas residentes se intensifica, aún cuando en algunos casos lo que están pidiendo es el diálogo con el gobierno. También se acelera el despojo de territorio y recursos hídricos, para lo cual no le importa al gobierno de Claudia Sheinbaum, desacatar las resoluciones judiciales favorables a los pueblos y barrios originarios, e incluso desconocerles ese carácter, todo en beneficio de aquellos a quienes antes llamaban acertadamente “la mafia inmobiliaria”. Tales son los casos de los pueblos de Xoco y del sur de la Ciudad de México.

En Sonora, se mantienen en desacato operando el Acueducto Independencia en perjuicio de la Tribu Yoeme, violan también los amparos ganados por el pueblo Macarawe inundando sus tierras, a cambio de ofrecerles algunos apoyos a las autoridades falsas que el INPI nombró (apoyos que no les han entregado). Anuncian con bombo y platillo un supuesto “plan de justicia yaqui”, pero solo se dedican a entremeterse en los asuntos de la Tribu Yoeme, causando más división en su seno con el propósito de beneficiar a las empresas que buscan explotar los recursos minerales del Bacatete, así como la terminación del gasoducto que atraviesa el territorio. Nuevamente, el INPI ha tenido un rol fundamental en estas infames acciones.

Estas historias se repiten a lo largo y ancho del territorio nacional. Por si fuera poco, se pretende desaparecer el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y convertirlo en un simple departamento del Ministerio de colonización interna, llamado INPI, ¡justo en el año de las lenguas indígenas!

Estas acciones, en conjunto con las medidas legaloides impuestas por quienes se autodenominaban la esperanza de México, resaltando el decretazo que busca imponer el estado de excepción en los territorios indígenas, constituyen actos de genocidio efectuados por un gobierno fascista que, de cara al mundo, se disfraza de “progresista” (cualquier cosa que eso signifique). Debe quedar muy claro que el régimen de Andrés Manuel López Obrador NO ES DEMOCRATICO, es militarista, populista y usa la insidia y el encono para generar la división en el pueblo, todo en beneficio de los capitalistas nacionales y extranjeros, principalmente los estadunidenses (llegando al extremo de calificar a China de amenaza ser una amenaza para la paz mundial y de estar afectando “nuestros” intereses comerciales). Basta citar la definición que de Democracia hace nuestra Carta Magna en su Artículo tercero, como “no solamente una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado sobre el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. Contrario a esto, los megaroyectos neoliberales que impulsa conllevan el exterminio de las culturas originarias y su conversión en mano de obra barata.

Ante esto, declaramos nuestro reiterado apoyo a nuestros hermanos del Concejo Indígena de Gobierno, las comunidades del Congreso Nacional Indígena, las comunidades zapatistas, el MPCOI, los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, y a las redes, colectivos e individuos que les acompañan, y que también son víctimas de descalificaciones, persecución y crímenes de estado.

Llamamos a todas las organizaciones e individuos que defienden la vida a manifestarse en contra de la política asimilacionista, y por tanto, etnocida del régimen de la autodenominada “cuarta transformación”.

¡Alto a las agresiones contra las comunidades zapatistas!
¡Alto a la violencia hacia los pueblos originarios!
¡No a los megaproyectos de muerte!
¡Basta de desacato!
¡Militares a sus cuarteles y garitas!
¡Respeto irrestricto a los derechos colectivos y a los convenios y tratados firmados por México!

Asociación cívica Mexicanos Unidos
Enero de 2022

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