Los derechos indígenas y el gobierno del cambio

Tomado de jornada

Francisco López Bárcenas

Si todo resulta como el presidente electo lo ha anunciado, sus primeros actos de gobierno serán violatorios de los derechos de los pueblos indígenas, al menos del de la consulta previa, libre e informada y los territoriales, y si no se rectifica a tiempo, se podrían seguir violando otros derechos conexos, como los de desarrollo, el de identidad cultural –base fundamental de otros derechos– y de representación política. Eso se desprende del nombramiento, por el presidente electo, de quien será el responsable de las políticas públicas del próximo gobierno federal, el anuncio de la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y las primeras obras que se realizarán, entre ellas el tren maya y las zonas económicas exclusivas proyectadas en el gobierno que se va.

Sobre la consulta, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales establece la obligación de los gobiernos de consultar a los pueblos indígenas, “mediante procedimientos apropiados y en particular mediante sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, consultas que “deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. El nombramiento de funcionarios, igual que la creación de la institución responsable de llevar a cabo las políticas del gobierno o la continuación de obras ya iniciadas, son medidas cuya ejecución puede afectar a los pueblos indígenas y deberían consultarse con ellos, más cuando hay voces que tienen propuestas distintas en cuanto a la institución que opere esas políticas.

Gran inquietud ha generado en vastos sectores de los pueblos y comunidades indígenas el anuncio de la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la nueva institución del estado para atender las demandas indígenas, sobre todo porque el presidente electo lo anunció como un organismo descentralizado, con recursos económicos suficientes “para sacar a los pueblos indígenas de la pobreza, del abandono, de la marginación”, lo que anuncia un regreso a las políticas indigenistas del siglo pasado en lugar de avanzar hacia el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y sus derechos estratégicos para un cambio de rumbo: los territoriales y políticos, estos los más importantes. De esto el presidente electo no dijo nada y su silencio dice mucho: es un tema que no se toca ni en el discurso.

Esta actitud del próximo presidente de la República tiene concordancia con el anuncio hecho por el mismo de la construcción del tren maya, que indudablemente afectará los territorios y la vida de los pueblos indígenas, obra que tampoco se consultará porque, según su propio dicho, no causará ninguna afectación a los pueblos, pues se usarán las antiguas líneas del ferrocarril, lo cual denota, por lo menos, ignorancia sobre el tema, pues las condiciones ecológicas y culturales no son las mismas de cuando aquellas obras se construyeron; y sobre las zonas económicas exclusivas dijo que ya se inició la consulta, pues en su campaña lo planteó y lo va a seguir planteando, posición que lleva implícita la trivialización de un derecho fundamental que por años los pueblos indígenas han reclamado que se respete.

Mal comienza un gobierno que prometió encabezar la cuarta tranformación de nuestro país y en quien los mexicanos han puesto sus esperanzas de cambio. Es cierto que no se le puede reclamar que se esté desentendiendo de sus promesas de campaña porque nunca prometió respetar los derechos de los pueblos indígenas. Pero una obligación de todo buen gobierno es respetar el estado de derecho y nuestra legislación reconoce a los pueblos indígenas como titulares de derechos colectivos, entre ellos el de ser pueblos, ejercer su libre determinación, controlar sus territorios, acceder de manera preferente a los recursos naturales, participar del gobierno mexicano mediante sus propios mecanismos y generar su propio desarrollo, entre otros. La legitimidad obtenida en las urnas no da para desentenderse de éstos.

Y el grupo de indígenas e indigenistas que lo acompaña hasta ahora sólo se ha dedicado a celebrar lo acertado de desaparecer la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que en su tiempo muchos de ellos propusieron que se creara, pero nada dicen de la obligación de consultar a los pueblos indígenas para que opinen sobre esta medida, y menos del respeto de los derechos, como es su obligación. Es tiempo de que rectifiquen antes que el descontento de los pueblos comience a manifestarse. Es deseable que alguien le diga que por el camino que avanzan lo único que lograrán será la protesta de los pueblos, no su apoyo para lograr un Mexico diferente, por el que votamos los mexicanos.

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